El primer día del mes de julio del presente año 2026, el Ministerio de Igualdad —en el marco de su obsesión por prohibir la prostitución femenina o, en su defecto, de estigmatizar y penalizar a los clientes que pagan de su peculio los servicios ofrecidos por las profesionales del sexo— inició una campaña institucional, subvencionada con dinero de todos los contribuyentes, que autodenominó «¿Reseñas 5 estrellas? #Yosíteveo», en la cual se hacen graves acusaciones hacia los usuarios de dichos servicios.
En los vídeos y en las emisiones radiofónicas una voz de mujer declama, con propósito victimista, lo siguiente: «En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan (voz de hombre: “Qué calidad, precio excelente”), nos puntúan (voz de hombre: “Erika, 10 de 10”), nos comparan (voz de hombre: “Puedes hacerlo a pelo”). Estas reseñas son el ejemplo de cosificación y del uso que se hace del cuerpo de la mujer: No son servicios, no son clientes, son agresiones, son agresores. Ministerio de Igualdad».
Lo primero que llama la atención es que a la ministra Ana Redondo, y a sus acólitas, únicamente les preocupe la prostitución femenina y obvien la masculina, como si el género estableciese una diferente cualidad moral respecto del hecho de pagar, o cobrar, por tener encuentros íntimos; o como si las razones por las que determinadas personas se prostituyen no tengan nada que ver en uno y otro sexo. Es decir; la Internacional Feminista —ese macropoder reticular totalitario, discriminatorio y garante de la moralidad y la sexualidad pequeño-burguesas— después de inventarse una «justicia» de género se ha imaginado una «moral» de género, y ya solo le queda teorizar sobre la idiocia de género, que es la única que en verdad existe.
El mensaje difamatorio está repleto de falsedades e inculpaciones, civiles y penales, que se vierten con total impunidad e inmunidad contra estos hombres. Analizaré, de forma somera, cada una de ellas.
«No son servicios». Si no son servicios, ¿entonces qué son? Desde luego, no son servicios si entendemos por tales los cuartos de baño, aunque en no pocas ocasiones los actos sexuales se celebren en ellos. Tampoco lo son en el sentido de un favor que nos hace alguien sin pedirnos nada a cambio. Pero sí lo son en tanto en cuanto están insertos en las modernas economías de mercado, en las que nuestra existencia halló su razón de ser hace más de dos siglos: un agente económico te oferta un servicio o efectúa un trabajo, y tú le abonas el importe que corresponda.
Por lo tanto, son servicios en su acepción plena toda vez que se prestan acordando cláusulas contractuales manifestadas de viva voz, como el precio, la duración, las practicas que incluyen, el uso o no uso de preservativo, etcétera. Condicionamientos que no existen en las relaciones sexuales habituales, no mediadas por un interés crematístico directo aunque sí indirecto, como una invitación a cenar, un regalo, o una promesa o ambición de matrimonio, de herencia o de un cargo público.
«No son clientes». ¿Por qué motivo no habrían de serlo si son personas que utilizan los servicios ofrecidos por una profesional? Y no olvidemos que las meretrices son profesionales que desempeñan una actividad que cumple variados fines económicos y sociales, que van desde potenciar el turismo a preservar la unidad familiar al reducir el número de divorcios, pasando por posibilitar tener relaciones sexuales a quienes no pueden obtenerlas por otra vía, y por disminuir la tasa de suicidios masculinos; el triple de frecuentes que los femeninos.
En consecuencia, se puede afirmar con absoluta veracidad que aquellos a quienes llaman «puteros», con ánimo más de culpabilizarlos que de insultarlos, no son sino hombres que pagan por un servicio que se oferta libremente en el mercado, y por consiguiente merecen idéntico respeto que quienes compran en El Corte Inglés, viajan en Iberia, consumen en la cafetería del Congreso de los Diputados, o se operan en el Hospital La Moraleja. Incluso podrían ser los mismos.
«Son agresiones. Son agresores». No pudiendo alegar falta de consentimiento voluntario, pues como hemos visto es más evidente que en otros apareamientos, las responsables del Ministerio de Igualdad hacen estas acusaciones —que constituyen lo más abyecto de la campaña, todavía disponible en redes y medios— porque en el contexto en que se promueve, el receptor percibirá al usuario de la prostitución como un delincuente sexual, cuando no hay la más mínima relación entre una cosa y la otra. Y no es que no la haya porque lo asevere yo, que lo asevero, sino porque en el ordenamiento jurídico español, la contratación de servicios sexuales entre personas adultas realizada de forma voluntaria no presupone un delito de agresión sexual ni, por descontado, convierte al cliente en un agresor.
La conclusión que podemos extraer de lo que llevo dicho es que el lenguaje institucional de las postdemocracias de género, al igual que en su momento el del nazismo y el del estalinismo, se basa en una estrategia que parte de la dialéctica asimétrica existente entre pensamiento y lenguaje, a favor del lenguaje, de tal modo que es posible condicionar lo que los ciudadanos piensan manipulando el significado de las palabras. De lo que se trata es de que para una determinada situación haya una única descripción, en lugar de varias, además interesada e ideológicamente sesgada: quienes planifican estas artimañas de comunicación, sin nuestro consentimiento pero con nuestro dinero, saben que nuestros hábitos cognitivos vienen determinados por nuestros hábitos lingüísticos; hábitos estos últimos que se preocupan y ocupan de inculcarnos para gobernar con soberanía absoluta nuestras mentes, además de nuestros cuerpos.
No obstante; en ciertas ocasiones prefieren la omisión a la manipulación, aunque con idéntica intención: enmarcar el pensamiento de la población en un sentido específico y con un fin concreto. El lector podrá comprobar que así ocurre cuando le llegue una noticia de este tenor: «Un varón de 25 años ha sido detenido por una agresión sexual a una menor…». En primer lugar, se sustituye la voz «hombre» por «varón», por ser aquel un término tabú y a erradicar; y a continuación se suprime, a propósito, la edad de la menor. Tampoco se precisa el grado de la agresión: desconocemos si fueron simples tocamientos, si se obró alguna clase de violencia, o si consistió en una violación (si bien en los dos últimos casos se anunciaría porque contribuiría a lograr el objetivo estratégico-doctrinal del Movimiento: la criminalización de la masculinidad del Homo Sapiens). Sin duda, son datos que respaldarían la mayor o menor trascendencia de los hechos, y que ayudarían al receptor de la crónica a llevar a cabo su propia valoración acerca de los mismos.
Ahora bien, como vengo de apuntar, cuando se prescinde de estas informaciones es porque la menor lo es en edad legal, establecida en los 18 años, mas no en madurez emocional; y la agresión denunciada carece de relevancia para la gran mayoría de los ciudadanos, a pesar de que en el Código Penal se hayan tipificado recientemente como agresiones conductas sexuales o parasexuales que no se corresponden con el significado común de esa palabra, equiparando en esencia el beso robado, aunque se haya dado en la mano, a la violación. Esto es; se ocultan referencias importantes para no hacer el ridículo público ante la falta de correspondencia racional-social entre la falta cometida y el calificativo aplicado al hecho en sí y a su autor.
Con todo, aunque se utilice la neoterminología penológica, propongo que en aras de la transparencia informativa, en los supuestos de agresión sexual o parasexual los medios de comunicación aporten la edad de la hipotética víctima, así como la intensidad del acto realizado sin su consentimiento, la cual puede sintetizarse en tres grados: Grado I, contactos físicos con aparente intención libidinosa, sin fuerza ni coacción. Grado II, actos similares a los anteriores en los que se emplee intimidación, violencia o anulación de la voluntad, sin penetración. Grado III, actos con penetración no consentidos.
Finalizo, esta mi reflexión desde la sociología política y la filosofía del lenguaje, reiterando que las putas salvan más vidas que el Teléfono de la Esperanza, el 016 y el 028 juntos. Y, resulta patente, proporcionan muchísima más alegría y placer que el Ministerio de Igualdad.